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Trabajo y constitución: cómo regular los derechos laborales en una nueva carta magna

Séptima sesión del curso “La Constitución que queremos” contó con la participación de docentes de Derecho del Trabajo.

Sobre cómo regular los derechos laborales en una eventual nueva carta magna dialogaron los docentes invitados a la séptima sesión del curso abierto “La Constitución que queremos: ideas para una nueva Constitución para Chile”, iniciativa del departamento de Derecho Público de la Escuela de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Participaron los docentes de Derecho del Trabajo Daniela Marzi (UV) y José Luis Ugarte (UDP), en una jornada moderada por Mathías González, estudiante y ayudante de la unidad académica organizadora.

El problema sindical en la constitución de 1980

Daniela Marzi inició su intervención explicando que “en el texto del libro ‘La Constitución que queremos’ la marca principal estaba dada por la reforma al derecho colectivo de 2016, que produce un sello en el pensamiento laboral, para poder entender cuán importante o no es el trabajo para la política a propósito de la tramitación de la reforma 20.094 que se promulga ese año, que tuvo una larga tramitación. Estas ideas separan la parte colectiva de la parte individual de las relaciones laborales, y se refería mucho al plan laboral. Pero no es que ahora uno no se pueda referir al plan laboral, porque realmente el 2016 no se produce ningún cambio estructural en esa normativa”.

“El problema sindical es quizás el más radical que tenemos con respecto a la constitución del 80, donde hay muchos cambios que realizar. En el libro se alude a por qué es importante regular estas materias, señalando que el sindicato es algo esencial que pertenece a las democracias occidentales, explicando la importancia de generar una arquitectura en que se equilibrara el poder negociador de trabajadores, que se le diera esa posibilidad que se desplegaran las fuerzas negociadoras y que eso se pudiera hacer con autonomía. No es tanta la gente que tiene una opinión o experiencia respecto al fenómeno sindical dadas las características del sistema chileno, que lo radica en la empresa, que está lleno de requisitos para tener un sindicato, pero incluso más allá de eso, es que por las características del sistema es que nosotros hemos visto muy poco sindicalismo en acción”, añadió.

En relación al trabajo, explicó que “es un buen momento para plantear cosas que en otras épocas quizás no se habrían entendido tan bien como ahora. Con la pandemia nos dimos cuenta que el trabajo es clave, y parece que esa no era una cuestión tan compartida y por eso me remitía a esta reforma del 2016, en que uno veía poca reflexión en el discurso laboral y, en cambio, ahora hay plena consciencia de que el trabajo es vital para la mayoría de las personas, y hemos visto cómo el interés colectivo y la negociación son fenómenos casi inevitables en algunas circunstancias”.

“Las circunstancias actuales nos hacen ver que el trabajo sigue siendo no solo vital para la sobrevivencia, sino que también tiene que ver con el orden de las sociedades, vinculado al desarrollo de las personas y, probablemente, lo que tenemos en términos políticos es buscar un equilibrio entre cuánto vamos a cifrar en el trabajo en general, porque descubrimos que el trabajo formal es una parte del trabajo, pero que hay muchísimo que se realiza de manera informal y tiene problemas para ser protegido. El trabajo es un primer contenido para la discusión constitucional, es una cuestión que determina nuestros destinos, y hay cuestiones que se tienen que cambiar, sobre todo en el aspecto colectivo, porque ahí nuestra herencia es clara, pero también tiene que mirar al trabajo hoy y cómo se va a producir este diálogo entre trabajo y seguridad social”, subrayó.

Transformación central en el espacio del trabajo

José Luis Ugarte detalló sobre un proceso constituyente que “antes que un proceso jurídico es de carácter político, y por lo tanto su sentido no es solo una transformación de texto o de norma, sino que su objetivo es transformar políticamente la organización de la sociedad. Por lo tanto, hay que poner la dimensión jurídica al servicio de una transformación política, y es el criterio con el que la sociedad chilena va a evaluar si el proceso constituyente fue exitoso o no, si hubo transformaciones en la vida cotidiana, concreta y específica de la sociedad, las cuales han sido impedidas por la constitución del 80, y una nueva constitución abriría las vías para producirlas. La pregunta que hay que hacerse en todos los espacios constitucionales es cuál es la transformación política que se pretende detrás de la cuestión constitucional, de manera que no fijemos en la evaluación de un proceso constituyente el éxito en la redacción de un texto, sino medir cuánta de esa dimensión normativa está al servicio de una transformación política”.

“En el caso del trabajo, la pregunta es cuál es la gran transformación que exige la sociedad chilena en este espacio, y si ésta es relevante para la sociedad del futuro. En mi opinión, la respuesta a estas preguntas es positiva. Hay una gran demanda de transformación en el espacio del trabajo, que se expresa en muchas de las cuestiones que hemos visto no solo en octubre, sino que desde antes. Además, es una transformación central en la sociedad, donde se juega buena parte de la dimensión política de la nueva constitución, porque la gran transformación es dar poder a los trabajadores, entregarle herramientas para que puedan dotarse de un poder que les permita mejorar sus condiciones de trabajo, enfrentar el abuso, asumir la colusión de una acción sindical más potente. Es muy relevante dotar de poder a los trabajadores porque enfrentamos escenarios de poder y de eventual ejercicio abusivo de ese poder”, añadió.

Explicó que existen tres variables que hacen de la arquitectura de lo constitucional una cuestión compleja y dinámica como proceso político transformador: lo normativo o textual, las prácticas interpretativas y la estructura legal. “Respecto a cómo se hace una transformación constitucional en el espacio de trabajo, lo primero que se requiere es una nueva normativa, una nueva forma de incorporar estos derechos en el texto constitucional, y ahí me preocupa que los textos operen más bien como inhibidores de estos fenómenos que como potenciadores. Se requiere además una práctica interpretativa muy relevante y, finalmente, pondría la atención en el hecho de que para transformar el lugar de trabajo requerimos de un procedimiento legal muy expedito”, cerró.

La octava sesión del curso abierto “La Constitución que queremos: ideas para una nueva Constitución para Chile” se realizará el 21 de septiembre desde las 19 horas, y participarán Juan Carlos Ferrada (Universidad de Valparaíso) y Felipe Paredes (Universidad Austral de Chile). La actividad llevará por título “Administración del Estado y redistribución territorial del poder” y moderará la profesora de Derecho UV Paula Gutiérrez. Se transmitirá a través del Facebook Derecho Universidad de Valparaíso. 

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