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Sobre diálogo acerca del derecho a la educación en la nueva constitución giró nueva sesión de ciclo de reflexiones

Undécima jornada contó con las exposiciones de la diputada Camila Rojas, integrante de la Comisión de Educación; José Miguel Salazar, miembro de Comisión de Aranceles del Ministerio de Educación y Vasthy Martínez, presidenta del CED UV.

Con exposiciones referidas a la consagración del derecho a la educación en la nueva carta magna, y un posterior diálogo en torno a la temática, se desarrolló la undécima sesión del ciclo “Reflexiones para la nueva constitución”, organizado por la Facultad y Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, con el objetivo de aportar desde la academia al momento constituyente chileno.

En la actividad expusieron la diputada Camila Rojas, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara; José Miguel Salazar, miembro de Comisión de Aranceles del Ministerio de Educación y ex vicerrector Académico de la UV, y Vasthy Martínez, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho UV. Moderó la jornada Patricia Reyes, presidenta del departamento de Ciencia General del Derecho UV.

En su intervención, Camila Rojas se centró en dos elementos: la educación pública y en cómo está consagrada la libertad de enseñanza en la actual constitución con la educación pública, “porque creo que uno de los grandes desafíos que tiene el país es revitalizar el sistema educativo público,  evidentemente afectado por la dictadura, y en lo posterior no priorizado por los gobiernos de estos 30 años. Bajo el actual arreglo institucional lo que se terminó haciendo es que el estado tratara de igual manera a las escuelas públicas, las escuelas privadas y las instituciones de educación superior, como si fuesen equivalentes, y más aún todos los incentivos han estado puestos para fortalecer a la educación privada. En ese sentido, no es casual que la educación pública se haya jibarizado hasta niveles extremos”.

“En la actual constitución se menciona que el límite de la libertad de enseñanza no es otro que los impuestos por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Señala que la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencias políticas partidistas. Ésta termina entendiéndose como libertad de empresa, porque cualquier libertad, incluida la educativa en Chile, tiene una legítima expresión también en el campo educativo como un emprendimiento, y por lo tanto esta libertad de enseñanza es una expresión sectorial del derecho a desarrollar cualquier actividad económica”, añadió.

“Hay una serie de elementos históricos vinculados a este cambio constitucional del 80, que nos hacen ver cómo la educación pública se jibariza y cómo, con esta expresión de libertad de enseñanza, se da también prioridad a la oferta privada y se genera esta libertad de emprendimiento”, cerró.

José Miguel Salazar expuso sobre las circunstancias del derecho a la educación superior, indicando que “algo que nos pasó un poco de súbito en la educación superior, que es que nos encontramos en un sistema de régimen. La educación superior chilena, en lo que se refiere a su matrícula, está estancada hace unos cinco años, y si uno mira la matrícula nueva, uno ve que está decreciendo más o menos rápido. Lo que ha permitido que la matrícula total se mantenga, es que ha habido una mayor retención a propósito de lo que ha pasado en el último tiempo pero, en general, la matrícula nueva está decayendo, y también está decayendo la titulación. Por otra parte, a pesar de que la matrícula está entrabada y pareciera que no estamos creciendo, las estadísticas indican que la capacidad de la gente de insertarse en el mundo del trabajo con las credenciales que tiene, en Chile tiene características bien marcadas, porque la educación superior nivela competencias”.

“Tenemos una situación bien singular en Chile respecto de otros países, particularmente en los últimos años. Sobre cuánto invierte Chile en porcentaje PIR en educación escolar, estamos en el promedio. Pero en el caso del gasto en educación superior, es el país que más gasta en toda la OCDE, y es un gasto fundamentalmente privado, y al mismo tiempo Chile es el país que más invirtió en toda la OCDE entre 2012 y 2017 en educación superior. Acá la inversión pública ha estado presente muy galopantemente en este tiempo. Es muy llamativo que cuando uno mira cuánto cuesta la educación superior en Chile, ésta es particularmente cara, y muy superiores a la OCDE, y esto ocurre de igual manera en todas las instituciones”, subrayó.

“Las prioridades deben ser volver a discutir un nuevo marco constitucional, pensando si el marco que tenemos diseñado funciona o no, considerando la singular situación que tiene el país en el desarrollo de la educación superior”, cerró.

Finalmente, Vasthy Martínez explicó que “la educación es un punto clave no solo para el debate constituyente actual, sino que para algo un poco más ambicioso, que es para aspirar a un tipo de sociedad más igualitaria y justa, y para formar ciudadanos más participativos. En este caso es difícil separarse del texto constitucional vigente, sobre todo cuando se trata de una manera que ya está más o menos regulada, y sabemos que lo que dice la constitución de 1980 es muy deficitario en esta materia y en la regulación que hace de los derechos fundamentales en general”.

“A propósito de la nueva constitución, creo que hay que pensar y replantearnos más profundamente lo que conocemos hasta ahora, y avanzar hacia una perspectiva de una educación transformadora y con enfoque social. El derecho a la educación sabemos que está ligado inseparablemente a algunos factores de carácter social, cultural y económico, y las demandas estudiantiles que surgieron en 2011 se centran también en ellos, y eso queda de manifiesto en lo que se pida en términos generales, que es el fin al lucro, la gratuidad y la calidad”, añadió

“Hace diez años la Confech decía que ellos esperaban que en materia de educación hubiera una propuesta que tuviera que ver con fortalecer el rol del estado, que se inviertan más recursos, que se asegure calidad, una educación para todos y todas, y poder avanzar en temas como acceso y democratización, y pienso que estamos en el momento preciso en que tenemos que levantar esas consignas con todavía más fuerza. Hace pocas semanas como centros de estudiantes de todas las carreras de la UV se nos pidió que votáramos un petitorio de la Confech con diferentes demandas en materia de educación, y que podríamos decir que son más o menos representativas de los deseos y las expectativas de los estudiantes a nivel nacional. Quisiera destacar tres aspectos importantes: avanzar hacia una gratuidad universal, extender la gratuidad por un límite de dos años por sobre la duración formal de la carrera, y entender el financiamiento como una necesidad de inversión social y, por tanto, una responsabilidad colectiva”, cerró.

El registro completo de la actividad se puede revisar acá: https://bit.ly/3z1Xe2w

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