Académica participó en tercera sesión del ciclo “Verano de datos abiertos constituyente”, organizado por Flacso-Chile y Fundación Abriendo Datos.
Sobre los estándares y desafíos ético-jurídicos en materia de apertura de datos, y las garantías que debe ofrecer el ordenamiento jurídico en este tema, expuso la profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Patricia Reyes, en la tercera sesión del ciclo “Verano de datos abiertos constituyente”, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Chile) y la Fundación Abriendo Datos.
Durante la jornada, titulada “Centrarse en la comunicación pública, los mandatos legales y la ética de los datos”, la también directora de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje (DIBRA) de la UV, indicó respecto a los estándares que cree indispensables en materia de datos públicos que “uno de los mayores detectadores de datos, sobre todo de información de las personas, es el propio estado, y muchos de ellos son datos que quieren lo que en Derecho denominamos autenticidad u oficialidad de estos, y ahí es importante ese elemento, toda vez que una interrogante común es cómo asegurar que todos los procesos judiciales mantienen esta verdad/autenticidad”.
“También hay un elemento relevante respecto a la seguridad de la información, a cómo aseguramos que los datos tengan los estándares en esta materia. Por otro lado, si pensamos en alguna información de esta naturaleza, también debemos considerar elementos vinculados a la preservación de la información, ligados a la gestión de ésta con características que van a asegurar el ciclo de vida de los documentos, y que van a permitir recuperarlos y usarlos en el futuro, o incluso contrastarlos con datos que hayan sido posteriormente reutilizados”, añadió.
Explicó además que otro importante elemento en materia de igualdad, y de poder hacer de la apertura de datos un tema que no se constituya nuevamente en una barrera de entrada a la información tiene que ver con la gratuidad de la información, considerando que “en algunos casos se exige pago por cierta información que es pública, y que debería tener esos estándares de apertura. También en materia de propiedad intelectual es importante referirse al licenciamiento libre, porque si no estamos actuando sobre información que eventualmente va a infringir derechos de autor, y que nos va a traer consecuencias jurídicas indeseadas posteriormente. Este conjunto de estándares me lleva a uno que es relevante para asegurar derechos fundamentales de las personas, que tiene que ver con la calidad en general de la información, en cómo quienes tratamos datos tomamos conciencia de que es tan relevante este elemento, que esperamos que en el futuro se convierta en un elemento central”.
Respecto a los desafíos éticos y jurídicos, detalló que “normalmente la apertura de datos la asociamos a una colisión de derechos con la protección de datos. A mí no me gusta decir que son derechos contrapuestos, sino que complementarios, y que si no resguardamos los estándares anteriores, se van a generar problemas en el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la igualdad, respecto a personas que pueden ser discriminadas por información que se tenga de ellos a propósito de esa apertura de datos; o la libertad de elegir cuando hablamos de algoritmos, donde muchas veces dependiendo de la data que ingresemos en el sistema, va a generar una falta de libertad en los derechos fundamentales”.
“Las preocupaciones éticas a través de la discriminación algorítmica, se vinculan al hecho de que determinados decidores, a partir de estos algoritmos, tengan consecuencias para las personas. Yo siempre espero que esta tecnología sea utilizada tomando todas estas precauciones, y eso me lleva a pensar en qué garantías tenemos de una efectiva protección de derechos fundamentales o la protección de datos en particular”, subrayó.
Acerca de las garantías, la profesora se centró “en lo que ha dicho al respecto la cátedra de privacidad de transformación digital de la Unión Europea, donde lo que se señala es que deberíamos crear una apertura controlada, que significa crear un espacio de trazabilidad donde se genere una gobernanza y un modelo técnico jurídico que permite la gestión eficiente y protectora de los derechos humanos en esta cuestión. Eso significa, por ejemplo: permitir la reutilización, generar este acceso a la información, evaluar el uso legítimo de los datos, o que los datos estén anonimizados o pseudo anonimizados, y cuestionarnos la necesidad de estos datos”
“Además, considerar la sensibilidad de la información, y de qué manera la apertura va a contribuir o no, porque lo que nos gustaría que sucediera es que hubiese una verdadera complementariedad entre lo que es el acceso y la protección de datos, y pudiera verse la necesidad efectiva de que estos datos estén dando vueltas con esas características. Y, por supuesto, tomar toda la salvaguarda que significa, evaluando los riegos”, añadió.
“En definitiva, es cómo creamos -y pesando en la nueva constitución- un ecosistema de apertura, y cómo éste lo miramos desde este derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales. Nada de lo que estamos hablando es en un modelo de equidad posible, si las personas no tienen acceso a las tecnologías y a las redes. Tenemos que integrarlo en las ideas de la constituyente para ver cómo estos derechos digitales y esta apertura, a mi juicio, nos dan una cuestión importante. Y, por supuesto, pensar en esta cuarta revolución industrial, en una inteligencia artificial robusta, estable y controlada, que nos permita asegurar estándares éticos y jurídicos en la utilización de la data no solo personal, sino que en general de la información, con todas las seguridades correspondientes”, cerró.
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