Marce Red Acción Carcelaria

Profesora Marcela Aedo expuso sobre los desafíos institucionales en materia de derechos de mujeres privadas de libertad

Académica fue parte de seminario “Violencia, mujeres y cárcel”, organizado por la Red Acción Carcelaria.

Acerca de la realidad del sistema penitenciario en cuanto a la perpetuación de la violencia institucional contra las mujeres privadas de libertad, y cuáles son los principales desafíos en torno a esta temática, expuso la profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Marcela Aedo, en el reciente seminario “Violencia, mujeres y cárcel”, organizado por la Red Acción Carcelaria.

La actividad se enmarca en un ciclo de charlas intrapenitenciarias sobre violencia de género, salud sexual y derechos reproductivos, realizados en el Centro Penitenciario de Concepción en colaboración con el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, y distintos profesionales del área.

Durante la jornada, la académica e investigadora del Centro de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, explicó que “es importante reconocer que las adolescentes que se encuentran en los sistemas penales han vivido un continuo de violencia durante prácticamente toda su vida. Estudios señalan que el 70% de las adolescentes que pasan por el sistema de justicia juvenil han declarado haber sufrido algún tipo de abuso o violencia sexual durante su infancia, y que incluso esas experiencias de violencia han gatillado en ellas a empezar un camino que las ha llevado a la comisión de delitos, que desafortunadamente el sistema en muchas ocasiones lo replica, y consolida esta situación que ellas han experimentado. Esta es una importante reflexión para no desentendernos del contexto del que ellas vienen, que en muchos sentidos debe ser un dato para el sistema a la hora de poder intervenir y trabajar con ellas desde su autonomía, no como víctimas, sino como mujeres que tienen el poder sobre sus propias vidas”.

“El sistema penitenciario va perpetuando una violencia institucional a las mujeres privadas de libertad a través de su acción o su silencio, específicamente en el acceso a la salud y derechos sexuales y reproductivos. En muchos casos el sistema -tanto en nivel normativo como en la práctica- invisibiliza a estas mujeres y no toma en cuenta el impacto diferenciado que tiene la cárcel para ellas y sus familias, especialmente respecto de sus hijos o hijas, y, en otros casos, cuando a veces las toma en consideración, actúa respecto de ellas desde el prejuicio o desde el estereotipo”, añadió.

En relación al reglamento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que tiene un apartado especial para las adolescentes privadas de libertad, subrayó que “si bien me parece que es un poco más avanzado por su mayor densidad normativa, creo que en términos generales lo que hace es nuevamente reproducir lo mismo, es decir, requerir atención a estas adolescentes en cuanto son madres o tienen niños a cargo. Desde ese punto de vista, nuestro sistema no ha logrado tomar en su dimensión compleja la existencia de las mujeres en el sistema, con todas sus particularidades, y esta invisibilización constituye discriminación, y así lo ha señalado claramente el comité de la CEDAW, e incluso en 1992, en la recomendación general número 19, se declara que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación dirigida contra éstas por su condición de mujer, y que las afecta de manera desproporcionada”.

“Es muy difícil que una norma pueda resolver un problema estructural muy profundo, y quienes trabajamos en estos temas sabemos que la cárcel es un espacio de reproducción social de aquellas desigualdades, imágenes, relaciones y subjetividades que tienen lugar en el espacio en libertad. Es importante incorporar una perspectiva de género, pero ésta de carácter normativa siempre va a requerir una transformación cultural. Si eso no se da, va a ser muy difícil que llegue a impactar en la realidad carcelaria. Esperemos contar con una ley de ejecución, y que ésta tome en cuenta ciertas problemáticas generales que miren a la intervención transversal respecto de hombres y mujeres, de importantes temáticas como el cuidado, es decir, no seguir reproduciendo la desigualdad social, o las relaciones de subordinación, o entender que hay ciertas labores que son de exclusiva responsabilidad de las mujeres”, destacó.

“En cualquier caso, una ley de ejecución debiese incorporar mucho de lo que en su momento comenzó a trabajar la exministra de Justicia Patricia Pérez, quien por el año 2013 planteó una política penitenciaria con enfoque de género, que intentaba desarrollar un trabajo que luego tuviera un impacto en el espacio postpenitenciario, es decir, aprovechar ese espacio carcelario para entregar todas las herramientas que estén a disposición, para que esa mujer luego, una vez que salga, tenga oportunidades reales”, cerró.

El registro de la actividad se puede revisar acá.

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