La académica se unió a la discusión pública frente a las muertes por el posible colapso del sistema de salud.
La pandemia del COVID-19 no solo ha cobrado miles de víctimas a lo largo del mundo, sino que además ha puesto en la palestra el debate bioético sobre elegir a quién salvar y a quién dejar morir, derivado del colapso de los sistemas de salud.
De hecho, a mediados de marzo el diario italiano La Stampa y el medio británico The Telegraph, dieron a conocer el protocolo de la Unidad de Crisis de la Región de Lomardía, el cual fue adoptado por ser la región italiana más devastada por el coronavirus. En él, se indica que “los criterios para el acceso a la terapia intensiva en casos de emergencia deben incluir la edad de menos de 80 años o una puntuación en el índice de comorbilidad de Charlson, que indica cuántas otras condiciones médicas tiene el paciente”. Además, indica que “el crecimiento de la epidemia actual hace probable que se alcance un punto de desequilibrio entre las necesidades clínicas de los pacientes con COVID-19 y la disponibilidad efectiva de recursos intensivos”, añadiendo que “en caso de que sea imposible proporcionar a todos los pacientes servicios de cuidados intensivos, será necesario aplicar criterios para acceder a un tratamiento intensivo, que depende de los recursos limitados disponibles”.
Autoridades y expertos en Chile han previsto que el máximo de contagios de COVID-19 podría darse en las próximas semanas, lo que abrirá el debate ético sobre cómo priorizar la atención de pacientes cuando las camas críticas y los ventiladores mecánicos puede que no den abasto ante la emergencia. En entrevista con el diario El Mercurio, la profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Alejandra Zúñiga, adelantó que “el racionamiento sanitario ético debe, necesariamente, considerar también la eficiencia del tratamiento, pues cuando no es posible atender a todos, la eficiencia se transforma en un requisito de la justicia”.
En este contexto, la académica -quien es autora de diversos libros y artículos sobre filosofía política, derechos humanos y bioética, y ha desarrollado proyectos de investigación en el área de la justicia distributiva y el derecho a la protección de la salud- publicó recientemente una columna de opinión en La Tercera, titulada “La bioética frente al COVID-19”.
La columna inicia contextualizando que “la pandemia del COVID-19 ha vuelto a poner sobre el tapete los dilemas bioéticos relativos a cómo distribuir recursos sanitarios escasos. Los administradores sanitarios suelen tomar decisiones de racionamiento de manera rutinaria, tanto en el nivel macrodistributivo (determinando el número de camas o de especialistas) como en el microdistributivo (asignando recursos a determinadas personas en vez de otras). Este tipo de selección nos resulta odiosa de entrada pues parece atentar contra el principio de igualdad que promete tratarnos a todos ‘con igual consideración y respeto’”.
Al respecto, la docente es enfática en decir que el racionamiento de recursos es inevitable, y que los criterios utilizados para para priorizar pacientes fueron desarrollados hace muchos años a partir de la fórmula de Alan Williams, los cuales guardan relación con un cálculo de costo-beneficio en el tratamiento que determina el valor comparado de éste, atendiendo a la calidad y cantidad de vida que el paciente podrá obtener de él, el cual se denomina QALY (Quality Adjusted Life Years), es decir, Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC).
“En un principio las reglas de la bioética demandan que la distribución de recursos médicos se rija únicamente por el criterio de la “necesidad” sanitaria pues ese debiera ser el único requisito para ser titular del derecho a cuidado sanitario (aun cuando se trate de adjudicar insumos médicos costosos pues, en última instancia, su provisión depende del mercado). Sin embargo, en condiciones de escasez extrema (como cuando se trata de distribuir órganos o camas UCI en situaciones de pandemia) el racionamiento sanitario ético debe, necesariamente, considerar también la eficiencia del tratamiento pues, cuando no es posible atender a todos, la eficiencia se transforma en un requisito de la justicia”, añadió.
Para explicar lo anterior, detalló que si las posibilidades de recuperación de una persona son muy bajas –ya sea por su estado de salud precario, su edad avanzada o su mal pronóstico de sobrevida- la bioética pide dar prioridad a quien pueda hacer un mejor uso de los recursos escasos. “Por ello, es perfectamente ético que la autoridad sanitaria establezca protocolos de atención que consideren la expectativa de ‘supervivencia libre de discapacidad’ de los pacientes”, indicó.
Dato lo anterior, explica que en diferentes países se han determinado límites de atención a las personas mayores que sufren alguna enfermedad o discapacidad asociada, tomando como fundamento bioético el de “fair innings argument”, que indica que todos deberíamos tener una igual oportunidad de disfrutar de un cierto número de años de vida, por lo que, si hay que elegir entre una persona que ya los ha disfrutado y quien no, se debiera elegir a la segunda. Añadió que “se trata, como se ve, del mismo argumento intuitivo que genera que socialmente se lamente más la pérdida de la vida de los niños que de los adultos”.
Ante lo anterior indicó que “sin embargo, hay que tener muy claro que el uso de los AVAC –que en principio discrimina a quienes tienen una menor expectativa de vida sana, como los ancianos, discapacitados o enfermos crónicos- no debiera ser determinante en todos los casos. Si bien la edad se ha usado como última ratio en varios países ante el colapso de UCI (pues la edad avanzada determina menos años de vida y, normalmente, una menor ganancia en calidad de vida) bien pudiera ocurrir que una persona de 70 u 80 años a quien se le proveyera de cuidados ganara más AVAC que una persona más joven con alguna comorbilidad”.
“En un escenario de complejidad moral como el que se avecina, hay buenas razones para tener en cuenta criterios diversos que nos permitan una combinación de principios más allá de la sola prognosis en función de la métrica de los AVAC. Ante el colapso tan repentino y profundo del sistema sanitario la autoridad debiera trasparentar de manera anticipada a todos los enfermos, pero especialmente a los de mayor edad y sus familias, los criterios y razones por las que eventualmente pudieran verse excluidos del acceso a un recurso sanitario. Y deben, además, recibir el tratamiento paliativo al final de la vida que les permita morir con dignidad y minimizando el dolor y la angustia”, cerró.
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