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La labor del cuerpo académico, ayudantes y estudiantes de Derecho UV en el proyecto de modernización de la base de datos de jurisprudencia de la Corte Suprema

Integrantes de la unidad académica son parte de la iniciativa que busca desarrollar una base de datos con aplicaciones de inteligencia artificial.

Académicos, ayudantes y estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, han trabajado en el proyecto de modernización de la base de datos de jurisprudencia de la Corte Suprema, que busca desarrollar un mantenedor con aplicaciones de inteligencia artificial.

Fue en agosto de 2020 cuando la Universidad de Valparaíso firmó un convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto de modernización de la base de datos de jurisprudencia de la Corte Suprema, donde participaron otras nueve universidades nacionales, cuyos docentes ayudarían en la recopilación de sentencias.

El convenio con la UV fue firmado por el decano de la Facultad de Derecho Alberto Balbontín, en una ceremonia virtual encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.

La iniciativa permitiría la creación de un buscador de sentencias al que se le iba a aplicar inteligencia artificial, con el objeto de que identifique, analice y clasifique el contenido de las sentencias pronunciadas por el máximo tribunal, accediendo así a fallos por comunas, ciudades y materias específicas.

La labor de cada universidad fue analizar las sentencias correspondientes a su área, para así preparar los criterios, descriptores, materias y submaterias, para posteriormente ingresar estos datos al sistema de búsqueda actualizado.

En el desarrollo inicial de la iniciativa participaron el centro documental de la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los abogados investigadores de la Dirección de Estudios y las casas de estudio. El proyecto piloto consideró como punto de partida la jurisprudencia de la sala constitucional de la Excelentísima Corte Suprema. 

Primeras experiencias

En primera instancia, se desarrolló un convenio para trabar en el ítem de Derecho Público, cuyo equipo de la UV estuvo encabezado por el académico Juan Carlos Ferrada, en colaboración con los profesores ayudantes Paula Gutiérrez y Aldo Rivera, junto a dos destacados exalumnos, contando con la participación de estudiantes de la unidad académica.

Con posterioridad, se firmó un convenio para desarrollar el análisis de jurisprudencia en Derecho Civil, donde la encargada fue la profesora Pamela Prado, junto a la ayudante-académica María José Tapia y el ayudante-alumno Mathias Cisternas.

En ambos casos -Derecho Administrativo y Derecho Civil- las labores culminaron con gran éxito, destacando el trabajo realizado por los estudiantes.

El profesor Juan Carlos Ferrada explicó que “la tercera sala de la Corte Suprema -de Derecho Público- convocó a diferentes universidades para que colaboraran en la ordenación y sistematización de la jurisprudencia de los últimos quince años, tratándose de un alto volumen de fallos”. Detalló que con el grupo de la UV se trabajó en el diseño de un modelo de análisis para las cerca de mil sentencias asignadas, y así planificaron la organización de la base de datos enviada por la Corte Suprema. “Se trató de generar buscadores comunes de jurisprudencia, que permitieran establecer un sistema único de búsqueda abierto al público, y así trasparentar y ordenar la jurisprudencia para el acceso libre de usuarios”, subrayó.

“Destacar que en este proyecto trabajaron de manera impecable 25 estudiantes de Derecho, quienes se desempeñaron en este cometido a través de una pasantía en el marco de la asignatura de Clínica Jurídica, cuyas labores fueron coordinadas por los dos profesores ayudantes y los dos exalumnos, y dirigidos por mí. Lo que se hizo en conjunto fue estudiar y analizar las sentencias, y construir una base de datos homologando criterios comunes para establecerla de manera coherente y consistente. El trabajo de todo el equipo, especialmente el de los estudiantes, fue muy bien evaluado por la Corte Suprema, catalogándolo como una labor seria y rigurosa, con un muy alto estándar de calidad, permitiendo entregar los resultados dentro de los plazos establecidos”.

Por su parte, la profesora Pamela Prado explicó, respecto al equipo de Derecho Civil, que “en la convocatoria nos encargaron alimentar el mantenedor con prácticamente mil sentencias referidas a la responsabilidad extracontractual, y, al hacer el llamado, inmediatamente acudieron al llamado 29 estudiantes de cuarto y quinto año, quienes, si bien tendrán un certificado por su labor, es importante destacar que el trabajo se realizó de manera gratuita y generosa, en medio de todas las responsabilidades que tenían, avanzando incluso durante vacaciones de verano, al igual que el equipo completo. Los y las estudiantes y ayudantes tuvieron capacitaciones en el Centro Documental de la Corte Suprema, donde además tuvimos que estudiar los manuales e instructivos. Luego dividimos tres grupos de estudiantes, uno a cargo de cada uno, y empezamos a organizar un trabajo estructurado por semanas, coordinado el análisis de todas las sentencias, ordenándolas y clasificándolas según materia y descriptores, y posteriormente construyendo una base de datos con esa información”.

“El nivel de compromiso y de cumplimiento de los estudiantes y ayudantes fue fantástico, del cual me siento tremendamente orgullosa, dado que nos permitió entregar el trabajo en los tiempos acordados para ello. En general, los estudiantes comentaron que veían esta iniciativa como una enorme oportunidad de aprendizaje, para efectos de poder estar al día con lo que se estaba resolviendo en el ámbito de la responsabilidad extracontractual por la Corte Suprema, y del análisis que implica una sentencia. Yo creo que fue super formativo, y su labor, sin duda, será u gran aporte para toda la comunidad jurídica tanto nacional como internacional”, cerró.

Labores actuales en Derecho Procesal y Derecho Penal

Dados los buenos resultados obtenidos en las primeras experiencias de Derecho Público y Derecho Civil, la Corte Suprema decidió ampliar el proyecto de modernización de su base de datos de jurisprudencia a las áreas de Derecho Procesal y Derecho Penal, que se encuentran actualmente trabajando.

En el caso de Derecho Procesal, el equipo está encabezado por los profesores Felipe Gorigoitía y Enrique Letelier, y participan los ayudantes Paulina Fredes, Javier Pacheco, Javiera Torres y Magdalena Gómez, junto a 34 estudiantes de la carrera. Por su parte, el área de Derecho Penal está a cargo de los académicos Andrés Benavides y Felipe González, y participan los ayudantes Matías Jeria y Josefa Silva.

Respecto al área de Derecho Procesal, el profesor Felipe Gorigoitía explicó que “la labor consiste en sistematizar la jurisprudencia de la Corte Suprema relativa a cobro de pagarés, para lo cual a cada alumno se le ha asignado cerca de setenta sentencias que deben incorporar en una base de datos. El trabajo ha requerido mucha dedicación de los estudiantes y permanente coordinación a través de los ayudantes. Ha resultado una labor muy valiosa no solo desde el punto de vista del aporte que se hace a un proyecto sumamente interesante, sino también porque a los alumnos les ha permitido profundizar sus conocimientos acerca de juicio ejecutivo y recurso de casación”.

Por su parte, el profesor Enrique Letelier aseguró que “se trata de una oportunidad muy valiosa para que la UV, a través de sus académicos y estudiantes -que ya participaron o los que están actualmente participando- puedan intervenir en un proyecto de la Corte Suprema de gran envergadura y relevancia, en el que están trabajando varias otras universidades del país. Sin duda el resultado del proyecto será muy importante para la comunidad jurídica, ya que se trata de la actualización de la base jurisprudencial con un gran número de ingresos, que va a activar motores de búsqueda inteligente. En este sentido, quisiera destacar que nuestros ayudantes y estudiantes han manifestado un gran nivel de compromiso y seriedad en el trabajo que están realizando, por lo que es merecido el reconocimiento que la universidad haga a su labor. Lo anterior se traducirá en que los resultados serán positivos, y para todo el equipo significará una gran experiencia de aprendizaje”.

Sobre el área de Derecho Penal, el académico Andrés Benavides explicó que “el proyecto pretende contribuir a la labor jurisdiccional, permitiendo a todos quienes consulten dicha base de datos acceder en forma certera y rápida la información objeto de la búsqueda. En nuestro caso, la iniciativa requiere categorizar y sistematizar -entre otras- la jurisprudencia penal, tarea que asumimos como Escuela de Derecho formando un equipo de alumnas y alumnos con quienes estudiaremos las sentencias que nos han sido asignadas. Se trata de 1.100 fallos pronunciados por la segunda sala del máximo tribunal en materia de extradición, contiendas de competencia, error judicial, hechos, querellas de capítulos, y reclamos de expulsión. Es un enorme desafío y a la vez un orgullo que nos hayan considerado junto a las Escuelas de Derecho de la Universidad de Chile y PUC. Este proyecto presumo marcará la forma de impartir justicia en nuestro país, y todos los miembros del equipo están muy motivados”.

Finalmente, el profesor Felipe González explicó que “uno de los principales valores de una universidad pública se encarna en la necesidad de vincularnos con el medio social en el que vivimos, aportar y colaborar con la modernización de los sistemas normativos y entrelazarlos con los avances tecnológicos que van apareciendo en el día a día. Es un honor, y también un deber, como cuerpo universitario ser parte de iniciativas que apunten a ese fin. El hecho de participar en el proyecto de modernización e instauración de un sistema de inteligencia artificial en las bases jurisprudenciales de la Excelentísima Corte Suprema es un desafío que nos permite materializar esta vocación de servicio público que contribuye a facilitar el acceso a la información y criterios jurisprudenciales a lo largo de todos los tribunales del país, a fin de poder unificar las decisiones de los Tribunales superiores de justicia y aquellos de primera o única instancia. Participar de esta iniciativa, aporta a generar instancias y espacios que faciliten una aplicación igualitaria de la ley penal en cada caso particular”.

Estudiantes participantes en proyecto

Derecho Público

Néstor Chaigneau, Diego Soto, Ninoska Saldívar, Víctor Sáez, María José Barraza, Treacy Fuentes, María Jesús Castro, Francisca Araya, Lucas Olivera, Marjorie Gómez, Catalina Romero, Christopher Amparán, Matías Pérez, Sebastián Pimentel, Loreto Aguirre, Esperanza González, María José Barría, Karen Bustamante, Hernán Cabello, Florencia Tironi, Karla Torres y Renata Jordán.

Derecho Civil

Pilar Guerrero, Ignacio Flores, Nadia Borie, David Muñoz, Nicolás Alvarado, Katherine Grandón, Giselle Ponce, Daniela Rammsy, Sebastián Benavides, Constanza Muñoz, María José Barría, Francisca Henríquez, María Jesús Castro, Camila Poblete, Javiera Reyes, Jaime Cortés, Andrea Ollarzú, Esperanza Astargo, Catalina Romero, Rodrigo Pérez, Carla Miranda, Nicolás Ibarra, Lucas Olivera, Diego Soto, Macarena Olivares, León Orellana, Macarena Meza, Constanza Villalobos.

Derecho Procesal

Christopher Amparán, Sebastián Canales, Romina Frez, Camila Maturana, Daniel Rojo, Constanza Campos, Melissa Rojas, Hernán Cabello, Francisca Morales, Daniela Otárola, Aurora Rozas, Ninoska Saldívar, Guido Santos, Francisca Bañares, Tatiana Grado, Daniela Peña, Gabriel Jara, Vania Ponce, Vasthy Martínez, Javiera Allende, Patricio Castro, Camila Montecinos, Pablo Neupert, María José Peña, Patricia Salinas, María de los Ángeles Bustos, Fernando Contreras, Deborah Aravena, Francisca Castro, Diego Iroumé, Fernanda Sánchez, Fernanda Lillo y Sofía Olivares.

Derecho Penal

Javiera Torres, María José Peña, Diego Soto, Laura Romero, Vania Ponce, Valentina La Rosa, Josefa Salinas, Deborah Aravena, Ignacio Flores, Francisca Bañares, Estefanía Narro, Jaime Cortés, Mathias Cisternas, Ninoska Saldívar, Jennifer Tapia, Alonso Del Canto, Pilar Guerrero y Felipe Ivani.

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