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En Escuela de Derecho se analizó nueva legislación ingresada al Congreso

Con la participación de la Superintendenta de Quiebras, Josefina Montenegro Araneda, se desarrolló el seminario “Desafíos para el Derecho Concursal: Reformas a la Ley de Quiebras” organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y el Centro de Estudios de Derecho Privado “Victorio Pescio” de esa unidad académica.

La actividad, que congregó a un centenar de personas, estuvo encabezada por el director de la Escuela de Derecho, profesor Ricardo Saavedra y asistieron estudiantes, académicos e invitados especiales.

Consistió en la presentación del proyecto de Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, que ingresó a tramitación al Congreso el 23 de mayo recién pasado, luego de ser anunciado en el Mensaje Presidencial del 21 de ese mes.

Sus alcances fueron analizados por un panel de expertos integrado por la Superintendenta de Quiebras, Josefina Montenegro; la jefa del departamento Jurídico de la Superintendencia, Alejandra Anguita; el asesor jurídico y ex superintendente, Cristián Palacios; el profesor de la Universidad de Chile, Nelson Contador; el profesor de la Universidad Diego Portales, Eduardo Escalona y el académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Luis Felipe Peuriot.

Este seminario estuvo organizado con la colaboración y participación de académicos de los departamentos de Derecho Económico, de Derecho Civil y de Derecho Comercial de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso; el Centro de Estudios de Derecho Privado “Victorio Pescio”, conformado por un grupo de estudiantes, y la Superintendencia de Quiebras.

Minutos antes de comenzar la actividad, la superintendenta Josefina Montenegro comentó que suponía una muy buena acogida de este proyecto de ley y que “más que corregir la actual normativa, se trata de una nueva ley, con procedimientos absolutamente novedosos que busca principalmente salvar a las empresas viables y renegociar las obligaciones de las personas naturales, acelerando los procesos”.

ESTIGMA SOCIAL DE “QUEBRADOS”

Otro aspecto muy importante del cual se hace cargo este proyecto de ley, según manifestó la autoridad, es propender a eliminar el estigma que actualmente sufren las empresas que quiebran, el que es muy difícil de erradicar y que incluso entraba el emprendimiento.

“Nosotros pretendemos con esta nueva normativa, ir eliminando ese estigma, ya que fomenta la reorganización y no la liquidación (quiebra); aunque si la empresa no es viable y no tiene otra alternativa, efectivamente tiene que liquidarse en un plazo acorde, breve y eficiente”, explicó Josefina Montenegro.

Agregó que algunas de las herramientas para lograr este propósito es el cambio de terminología. “YA no hablaremos de quiebra, sino que de liquidación, no se llamará convenio, sino que reorganización, la persona natural podrá renegociar sus obligaciones; el síndico será liquidador y habrá un veedor, que proponderá al acuerdo, tendrá otras funciones que el síndico actual. Se trata de diferenciar perfiles”.

La superintendenta dijo además que la institucionalidad también cambiará, aumentará su tamaño, su dotación, tendrá representaciones en regiones y se le asignará atribución fiscalizadora a sus funcionarios, lo que ahora no ostentan.

Respecto a su trámite legislativo, Josefina Montenegro se mostró optimista. “Somos muy positivos. Hemos cumplido con todos los plazos que nos hemos propuesto; hemos trabajado en conjunto con el ministerio de Economía y hemos desarrollado un intenso trabajo transversal con un equipo de trabajo muy potente y calificado”.

DEFICIENCIAS ACTUAL LEY

Finalmente, dejó en claro cuáles son las deficiencias de la actual Ley de Quiebras, que ameritaron la presentación de este proyecto de ley.

Explicó que “los juzgados civiles no siempre dominan la normativa concursal; no establece un procedimiento adecuado para la persona natural; es lento, poco eficiente, no fija plazos claros y los que fija no se cumplen; genera costos innecesarios; no está concebida la quiebra como causal de término de la relación laboral y no regula en forma clara las acciones revocatorias, lo que ha llevado a su escasa aplicación.

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