Congreso Futuro

Docentes Alejandra Zúñiga y Luis Villavicencio participan en décima versión del Congreso Futuro

Alejandra Zúñiga y Luis Villavicencio expusieron sobre “Ciencia, derecho(s) y constitución”.

Los docentes de la Escuela de Derecho e investigadores del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE) de la Universidad de Valparaíso, Alejandra Zúñiga y Luis Villavicencio, participaron en la décima versión del Congreso Futuro “Habitando la incertidumbre”, en la sesión Región de Valparaíso, organizado por la Fundación Encuentros del Futuro, la Cámara de Diputados y el Senado del Congreso Nacional. Su exposición se tituló “Ciencia, derecho(s) y constitución”, y fue comentada por Laura Mayer, profesora de la PUCV, y por María José Escobar, SEREMI de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la zona macro centro.

En su intervención, reflexionaron sobre la necesidad de relevar normativamente la conexión entre ciencia y desarrollo, el acceso a los frutos de los conocimientos científicos y la libertad de investigación científica. Luego, y a propósito del proceso constituyente, se ocuparon del rol que debe tener la evidencia y los argumentos contrastados en la deliberación pública frente al populismo cognitivo y la fragmentación de la información. Finalmente, se refirieron críticamente al proyecto de ley que busca regular los neuroderechos en Chile.

Sobre ciencia y constitución señalaron que “no corresponde a la constitución fijar un marco normativo sistemático sobre el asunto, pero sí establecer algunas cuestiones centrales para hacerse cargo de los desafíos de un modelo de desarrollo consistente con la revolución tecnológica, la diversificación de la matriz productiva y la encrucijada medio ambiental en la que estamos”. En este sentido, destacaron que el texto constitucional debe contener “la exigencia de un sistema nacional de ciencia y tecnología con rango ministerial que se ocupe de todas las áreas del conocimiento, y la obligación de la comunicación pública de la ciencia y la implementación de repositorios que reúnan todos los productos de la investigación científica y tecnológica que se realizan con financiamiento público. Además, debe consagrar la libertad de investigación científica, comprendida en el marco más general de la libertad de catedra, lo que incluye asegurar la búsqueda del conocimiento, generar los medios adecuados para investigar y garantizar el acceso a los resultados y beneficios de la investigación”.

Sobre el papel que la ciencia puede jugar en el proceso constituyente, advirtieron sobre dos amenazas que se ciernen sobre este proceso. La primera “es el populismo frecuentemente acompañado de alguna forma de negacionismo científico, y la segunda se corresponde con la fragmentación de la información”. A su juicio “la convención constitucional debe escuchar a los expertos, pero no estar supeditada a esa voz. Las razones públicas que concurren al debate sobre el auto gobierno colectivo han de considerar la evidencia científica, pero deben sopesarla a la luz de otros argumentos, como la conveniencia, la oportunidad y la justicia de tales decisiones”.

Finalmente, se refirieron a los proyectos de reforma legislativa y constitucional sobre neuroderechos que se discute hoy en el Congreso, y que buscan, en general, proteger la libertad de conciencia y la privacidad de las personas frente a ciertas neurotecnologias. Centraron su analisis en lo que identificaron como “los requisitos de que debe estar dotado todo proyecto de ley. Estos son, la ratio legis, la racionalidad lingüística, la racionalidad jurídico-formal y la racionalidad pragmática”. Sobre la ratio legis indicaron que ésta se satisface cuando “la relevancia de los temas que se quieren regular es tal para la ciudadanía, que se justifica que se desencadene todo el complejo largo y costoso proceso legislativo. Este concepto se contrapone a lo que se llama ocasio legis, es decir, a las motivaciones más bien ocasionales y que no tienen sentido más que para el sujeto que las propone, lo que es precisamente lo que ocurre con estos proyectos”.

Por otro lado, indicaron que todo proyecto de ley debe estar dotado de “racionalidad lingüística”, es decir, que el texto de la ley sea capaz de transmitir un mensaje claro a sus destinatarios. Sin embargo, “el proyecto de neuroderechos usa términos como ‘continuidad psicológica y psíquica’, ‘mente’, ‘pensamientos’, ‘sustratos mentales’”, lo que a su juicio “son oscuros y predominantemente metafísicos”. Sobre la “racionalidad jurídico-formal”, indicaron que “se requiere que la ley se inserte armónicamente en el sistema jurídico existente”. Al respecto, indicaron que “el proyecto no cumple con estos requisitos, ya que los neuroderechos son redundantes, pues se reconducen a derechos constitucionales ya asegurados, como el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, etc.”.

Finalmente, se refirieron al requisito de la racionalidad pragmática, indicando que “este nivel busca explicar de qué manera toda la sociedad logra adecuarse a lo prescrito en la ley e implica que ésta pueda alterar una situación real en la vida de las personas”. A su juicio, “por el tipo de realidad descrita en los proyectos de neuroderechos, resulta difícil imaginar que este objetivo se logre por cuanto este tipo de invasión en la privacidad no existe ni en Chile ni en ninguna otra parte del mundo. Luego, no hay cómo adecuar un comportamiento a una situación que es todavía imaginaria”.

El registro de la actividad se puede revisar acá.

Galería Imágenes
Compartenos en tus redes
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest