Decano investigación

Decano de Derecho participó en Primeras Jornadas de Investigación Jurídica

Actividad fue convocada por la red de directores de investigación de las facultades de derecho de Chile.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Alberto Balbontín, participó en las Primeras Jornadas de Investigación Jurídica “¿Cómo valoran las Agencias Nacionales la investigación jurídica?”, actividad organizada por la Universidad de Chile y convocada por la red de directores de investigación de las facultades de derecho de Chile. La autoridad fue parte del primer panel, titulado “La valoración de la investigación en las facultades de derecho de Chile”, en un encuentro encabezado por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle.

Inició su intervención indicando que “tradicionalmente las escuelas de Derecho operaban bajo un modelo que puede describirse así: grupo reducido de profesores de jornada completa orientados casi exclusivamente a la gestión académica; gran cantidad de profesores hora que asumían labores docentes; currículo rígido y anual; y escasos programas de postgrado y nulos índices de investigación formalizada. Bajo ese modelo se formaron decenas de generaciones de abogados de alto prestigio y reconocimiento. Por el año 2000 buena parte de los programas de Derecho comenzaron a ser revisados, panorama que desconcertó a gran parte de la comunidad académica más tradicional. Lo que olvidaban es que tres cosas habían mutado en el modelo de la enseñanza del derecho en Chile: la exigencia de acreditación institucional; el crecimiento exponencial de las escuelas de derecho; y, que los alumnos que recibían las escuelas de derecho ya no pertenecían generalmente al segmento de los más talentosos de la enseñanza secundaria”.

“En ese escenario, casi todas las escuelas comenzaron a tener una planta de profesores de jornada más generosa, que además de llevar la gestión académica se dedicaron profesionalmente a la enseñanza. Comenzaron a tener un papel más protagónico en el devenir de sus centros de estudios, ya que conocieron mejor las exigencias del sistema universitario y sus necesidades. Además, los profesores de jornada completa debían justificar sus horas contratadas, y qué mejor que con algo que el propio sistema comenzaba a exigir a través de las acreditaciones: tener alguna producción científica debidamente formalizada en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, u organizar y ofrecer formación de postgrado. La exigencia de publicar en medios legitimados por el sistema llevó a la profesionalización definitiva de la carrera académica”, añadió.

Explicó que al haberse consolidado un sistema nacional de ciencia que ya tiene varias décadas, “se vuelve impostergable su revisión para cuestionarnos si está cumpliendo sus objetivos. En el ámbito de las ciencias jurídicas -según Scimago y considerando el período entre el año 1996-2019- la academia jurídica chilena ocupa el segundo lugar latinoamericano (cerca de Brasil) y vigésimo a nivel mundial si consideramos el número de trabajos publicados. Si tomamos el número de citas, bajamos al lugar 34 a nivel mundial y tercero en Latinoamérica (detrás de Brasil y cerca de México) O sea, considerando nuestra población y lugar relativo en el mundo, los datos son auspiciosos”.

“No cabe duda que el sistema nacional de ciencia y tecnología ha contribuido a la consolidación de una comunidad jurídica académica pujante, que escribe y que es citada. Sin embargo, debemos transitar a un sistema que genere más estabilidad, que distribuya bien los incentivos, que contribuya a la consolidación de una genuina comunidad epistémica y que fomente el trabajo colaborativo. En esa línea, el sistema puede ser perfeccionado y por ello celebro estas jornadas”, subrayó.

Sobre las necesidades inmediatas, detalló que “debemos modificar el sistema para evaluar la productividad de los investigadores que fue utilizado en la última versión del concurso Fondecyt Regular 2021 y reemplazarlo por el que surja del trabajo conjunto entre las facultades de derecho y la ANID; garantizar mayor estabilidad en los criterios de evaluación; establecer que cualquier modificación de los criterios de evaluación curricular sea publicada con anticipación a su vigencia, estableciendo periodos de vacancia de las nuevas reglas no menor a 5 años; instar por separar el Grupo de Evaluación de Ciencias Jurídicas del de Ciencias Políticas; asegurar mayor objetividad en el sistema de evaluación de los proyectos, incorporando una etapa de evaluación de calidad sin conocer la identidad del postulante, tal como se verificó el año 2020 en el Concurso Fondecyt Iniciación; y garantizar mayor transparencia y representatividad institucional y geográfica, en la selección y nombramiento de los integrantes de los Grupos de Evaluación”

“A más largo plazo es necesario: apostar por la investigación asociativa para que los proyectos consideren la participación de coinvestigadores, y así fortalecer una masa crítica de investigadores productivos que se vincule con centros académicos regionales, nacionales e internacionales; diseñar un mecanismo permanente de fomento de la investigación consistente con las peculiaridades de cada área disciplinar y que sea un reconocimiento para investigadores consagrados y una oportunidad para los que ingresan a la investigación; crear la carrera de investigador que reconozca niveles de investigadores por su excelencia e impacto; y conciliar los criterios que se definan para cada categoría de investigador que sea consistente con los criterios que la CNA ocupa para constituir los programas doctorales por disciplina”, destacó.  

Finalmente, hizo referencia al Informe de Cálculo Aranceles Regulados de la Subsecretaría de Educación Superior, que “es una amenaza para el sistema universitario, como consecuencia de la exigencia legal de fijar aranceles para las escuelas, siendo las de derecho una de las primeras en vislumbrar el futuro. Sin perjuicio de las observaciones metodológicas que han sido puestas de relieve por el CRUCH, ese informe arroja como resultado que las facultades de derecho, en especial las más complejas, vean considerablemente reducidos sus aranceles, poniendo en riesgo la mayor parte de los diversos frentes que atienden, y que es todo lo que no sea estrictamente docencia de pregrado, la cual también verá gravemente reducidas sus posibilidades de mejoramiento y mantención de la política de formación orientada por competencia. El método de cálculo aplicado en este informe parece basarse únicamente en los requerimientos de la docencia de pregrado, y digo ‘parece’ pues uno de los defectos que ha sido observado con más fuerza por los rectores, y que compartimos, es que no existe una memoria de cálculo que permita comprender cabalmente los factores que se tomaron en cuenta para llegar a tales resultados”.

El registro de la actividad se puede revisar haciendo clic aquí.

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