Inés cámara

Coordinadora de Clínica Jurídica y de DDHH participó en sesión de comisión “Derechos humanos y pueblos originarios”

La profesora Inés Robles se refirió a dar a conocer la labor de la unidad en el contexto del estallido social.

Con el objetivo de dar a conocer la experiencia de estudiantes y profesores en las labores de protección de derechos humanos en el contexto del estallido social, la coordinadora la Clínica Jurídica y de DDHH de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Inés Robles, participó en representación de la unidad en una sesión de la comisión “Derechos Humanos y pueblos originarios” de la Cámara de Diputadas y Diputados, encabezada por su presidenta, la diputada Emilia Nuyado.

En su intervención, la académica explicó que desde el año 2018 se incorpora de manera consolidada la perspectiva de derechos humanos en el ingreso y tratamiento de causas, lo que hizo que ante el denominado estallido social “decidiéramos que también teníamos que participar en el acceso a la justicia de las personas vulnerables a propósito del contexto, y también en base a la idea de no repetición, y abrimos nuestras puertas el lunes 21 de octubre en Valparaíso para atender a quienes habían sido vulnerados por violencia institucional. A nuestro equipo de docentes y estudiantes se sumaron más profesores voluntarios y alumnos de la universidad, además de coordinarnos con otros grupos de defensa jurídica, de atención de salud, de observadores, etc. Asistimos a las comisarías, a los juzgados de garantía para informar a las personas y a sus familiares que habían sido detenidos y también presenciamos los controles de detención”.

“Además, participamos en distintas instancias, como comisiones de acusación constitucional, elaboración de informes para la comisión enviada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, trabajo conjunto con la Municipalidad de Valparaíso y en la mesa creada por URAVIT”, añadió.

Respecto a la tramitación de las casusas que actualmente llevan, aseguró que “son 55 querellas presentadas, de las cuales el 75% son por apremios ilegítimos y hay tres casos de tortura. Hay veinte querellas que están listas pero que no se han podido presentar por problemas de coordinación con los usuarios en atención al tema de la pandemia. Presentamos cinco recursos de amparo, dos recursos de protección, y hemos participado en doce sumarios disciplinarios que ha efectuado carabineros para poder determinar y esclarecer algunos hechos”.

“Estimamos que falta un protocolo de tramitación de esas causas, considerando que no deben investigarse como un delito común, sino como que como lo que son: delitos de violencia institucional. Deben tener una investigación distinta por parte del Ministerio Público, ser investigados con perspectiva de derechos humanos”, añadió.

Finalmente, la docente se refirió a los aspectos vinculados a la post investigación: “primero respecto a la justicia, las investigaciones no han avanzado por múltiples factores. Sin perjuicio de ello, tenemos la confianza en que las instituciones van a enmendar el rumbo y van a empezar a trabajar estos temas con perspectiva de derechos humanos. Sobre la reparación, es importante que se empiece a trabajar en una ley de reparación a las víctimas, dado que urge reparar a las víctimas tanto de las secuelas físicas como psicológicas que han quedado, las de ellos y de sus familias. En tercer lugar, el tema de las garantías de no repetición. Ya fallamos una vez, porque en alguna oportunidad hubo un compromiso del ‘ya nunca más’ que se rompió, lo pudimos ver ahora en octubre. Podemos decir que a todos nos pilló desprovistos la situación que ocurrió, pero ahora si se volviera a repetir una situación así, ¿cómo actuarían, ¿cuáles serían los protocolos para enfrentar esta situación masiva que se puede volver a generar?”.

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