Clínica Jurídica y de DDHH organizó actividad enfocada en analizar el caso a nivel teórico y práctico.
Con el objetivo de analizar el caso de explotación laboral que sufrió una mujer de nacionalidad vietnamita en la comuna de Cabildo, la Clínica Jurídica y de DDHH de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso organizó el conversatorio “Trata de personas con fines de trabajos forzados”, donde participaron la profesora de la unidad académica, Fabiola Girão, y el abogado del Estudio Jurídico Contreras & Asociados, Manuel Contreras.
El caso fue investigado por el Ministerio Público, contexto en el cual el Estudio Jurídico Contreras Asociados y la Clínica Jurídica y de DDHH, decidieron interponer una querella criminal contra los dos imputados de nacionalidad china.
La actividad fue inaugurada por la profesora y coordinadora de la Clínica Jurídica y de DDHH Inés Robles, quien destacó la organización de la actividad, relevando la importancia de discutir las temáticas y problemáticas que enfrentan los migrantes.
El también exalumno de la Escuela de Derecho Manuel Contreras, expuso acerca del caso en concreto, vinculado al delito de trata de personas con fines de trabajos forzados (artículo 411 quáter del Código Penal). Explicó que el caso se remonta al mes de mayo del año 2020, cuando en la comuna de Cabildo se da a conocer el caso de una mujer vietnamita que fue arrojada a la calle, luego de ser obligada a trabajar en un local comercial de lunes a domingo y realizar labores domésticas, sin recibir ningún tipo de remuneración, por un lapso de tres años.
Explicó que a la víctima la hicieron vivir junto a su hijo en una bodega, donde guardaban la mercadería del local, en condiciones completamente deplorables. Además, la obligaron a firmar un contrato en un idioma que ella no conocía -español- bajo el acuerdo de que, si completaba tres años trabajados para ellos, le pagarían toda la remuneración de manera conjunta, reteniéndole sus documentos.
Puntualizó que la víctima fue arrojada a la calle el 20 de marzo de 2020 sin sus documentos oficiales, situación que dio lugar a dos procesos paralelos: “primero, el proceso laboral con la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, acción que fue seguida por la exalumna de Magíster en Derecho de la UV, Elizabeth Contreras, con el apoyo de la académica Daniela Marzi, acción que terminó favorablemente, obteniendo indemnizaciones por la suma de $81.000.000”.
“En sede penal, se inició una investigación penal por parte de la Fiscalía Local de La Ligua, en donde el Estudio Jurídico Contreras Asociados más la Clínica Jurídica y de DDHH de la UV decidieron interponer una querella criminal en contra de los dos imputados, convencidos de la existencia del delito de trata de personas con fines de trabajos forzados. Tras una larga investigación y una gran cantidad de antecedentes, que daban por acreditado la existencia del delito, se logró la condena de los imputados a la pena de tres años y un día de reclusión menor en su grado máximo”, cerró.
Por su parte, la profesora Fabiola Girão entregó los antecedentes teóricos que permiten dar forma y entender el caso, explicando primeramente en qué consiste el concepto de trata según el protocolo de Palermo y el delito de trata de personas, según el artículo 411 del Código Penal.
Junto con ello, explicó que, según la mesa intersectorial (periodo 2011-2021), “a lo largo del país se han investigado 32 causas de trata con fines de explotación sexual (62% del total) y 20 causas de trata laboral (38% del total). En el periodo, se han formalizado un total de 52 investigaciones. Además, se registraron 38 personas condenadas (19 de sexo femenino y 19 de sexo masculino) por el delito de trata de personas, correspondiente a 24 sentencias condenatorias. Las principales nacionalidades, corresponden a chilena (32%), ecuatoriana (24%) y boliviana (16%)”.
“Se han identificado 198 víctimas de trata laboral (representan el 64%) y 111 víctimas de trata sexual (representan el 36%), habiendo un total de 309 víctimas en el periodo. De 52 causas formalizadas, 43 causas se encuentran terminadas (83% del total). Por lo tanto, 9 investigaciones formalizadas se encuentran vigentes. De las causas terminadas, 24 fueron con sentencias condenatorias: 14 por trata sexual y 10 por trata laboral (56% del total de causas terminadas)”, puntualizó.
“Hay que considerar que la trata de personas es un delito que pertenece a la categoría del derecho penal de transcendencia internacional. El inciso 2 del art. 5 de la Constitución de la República reconoce la validez de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, y asimismo la obligación de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos humanos. Además, tenemos ratificados diversos convenios y tratados al respecto”, cerró.
El registro completo de la actividad se puede revisar acá: https://bit.ly/3MF9oFj
