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Consultorio Jurídico y Unidad de Igualdad y Diversidad colaboraron en organización de reunión con Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la UV

La jornada se enmarcó en la visita in loco desarrollada por la entidad en Chile.

Estudiantes de la Escuela de Derecho, y abogados del Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, junto a la Unidad de Igualdad y Diversidad,  encabezada por la Profesora Daniela Marzi, colaboraron en la organización de la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la casa de estudios, en el marco de la visita in loco que realizó la entidad en Chile, entre el 25 y 31 de enero de 2020.  La actividad se llevó a cabo el miércoles 29 de enero en el Centro Integral de Atención al Estudiante (CIAE) de la UV, y los estudiantes que encabezaron la actividad fueron Stephanie Labbé, Carla Miranda; Pablo Arroyo y los abogados de la Clínica de DD.HH.  Paula Gutiérrez y Cristian Rivera.

Durante la jornada se desarrollaron dos salas de exposición, las cuales trataron sobre “Causas subyacentes del movimiento social” y “Vulneración a Derechos Humanos”. Respecto al primer tema, explico el profesor de la Escuela de Derecho UV, Jaime Bassa, mientras que en la segunda sala se presentó la coordinadora del Consultorio Jurídico, Inés Robles. Por su parte, en ambas oportunidades participó el estudiante de Derecho Mauricio Figueroa, en su calidad de dirigente estudiantil y su participación en el Centro de atención a víctimas de represión.

La profesora Inés Robles, coordinadora del Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho UV, explicó que “en las comisiones participaron relatores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluido su secretario ejecutivo, Pablo Abrau, quienes escucharon las exposiciones de la sociedad civil, y también algunas víctimas de las vulneraciones a los derechos fundamentales que han ocurrido en nuestra zona a propósito del estallido social. En otra de las salas hubo dos relatores más, y ellos también escucharon a organizaciones de la sociedad civil en cuanto a las situaciones de las causas subyacentes”.

“Contamos con la colaboración de estudiantes de la carrera de Derecho UV, quienes nos permitieron organizar de mejor manera los tiempos y facilitar la inscripción de las distintas organizaciones que participaron. Además, como Clínica Jurídica hicimos una presentación para graficar la labor que hemos realizado, pero fundamentalmente concentrado en las dificultades con las que nos hemos encontrado a la hora de realizar la representación de las distintas personas que se han visto afectadas en la esfera de sus derechos fundamentales, que han participado en manifestaciones, pero también otras personas que han sido solo transeúntes. Dimos cuenta a los representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los inconvenientes que se nos han presentado a través del accionar de la justicia, que en algunas oportunidades no ha sido todo lo rápido y oportuno que uno quisiera”, cerró.

El profesor Jaime Bassa, presidente del Departamento de Derecho Público de la Escuela de Derecho UV, indicó que “asistí a la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como integrante de la sociedad civil organizada, en concreto, como académico de la universidad y como director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso. El objetivo de mi intervención era mostrarle a la CIDH la relación que hay entre el estallido social y las vulneraciones a los derechos fundamentales en Chile que justifican o alimentaron el malestar social, especialmente salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda, agua, entre otros. Dicha relación entre estallido social y derechos fundamentales está en la base de la demanda social por una nueva Constitución y del proceso constituyente que ahora se encuentra en curso”.

Mauricio Figueroa, estudiante de la carrera de Derecho que participó en ambas salas, explicó que “referido a las causas rescatamos elementos de nuestras discusiones como carrera, un continuo abandono del Estado al no desarrollar políticas públicas y reemplazarlas por paneles de expertos que no tienen una vocación transformadora, haciendo finalmente del aparato público–político solo un simbolismo de poder institucional, pero sin herramientas que transformen e impacten la vida de sus ciudadanos. Esta visión se puede corroborar en el alza al pasaje de metro que era dictada por un panel de expertos y cuya decisión era irrevocable, pasando a ser la ministra de Transportes y Telecomunicaciones solo una apariencia de poder sin un rol relevante”.

“La demanda social no es la oposición a la política pública, sino la demanda de éstas. La violencia que hemos percibido se ha dirigido principalmente a instituciones económicas común, el sistema de Isapres, AFP, farmacias y supermercados (colusión), las que son vistas como las instituciones que ejercen una violencia institucional u oprimen a los ciudadanos. El llamado al Estado es a actuar y generar políticas públicas sobre derechos sociales que han sido entregados al mercado”, cerró.

Respecto a la vulneración de Derechos Humanos, añadió que “desde el Centro de Atención a Víctimas de la Represión (CAVR) o Pocuro, se detalla actualización a las estadísticas anteriormente entregadas, registrándose un total de 141 atenciones a la fecha, 75 constataciones de lesiones y 53 protocolos de Estambul. Si bien ya con los antecedentes recopilados se puede afirmar que existe una sistematicidad en las violaciones a DD.HH., lo que más preocupa al equipo es la nula respuesta en términos de reformas sociales y la desaforada inversión en represión por parte del gobierno. Esto representa una situación insostenible y una carga para las organizaciones de salud comunitarias, que hemos debido ocupar estos meses de menor intensidad en planear estrategias más eficientes de contención y reparación a víctimas de DD.HH., pues la nula voluntad política y la criminalización de la protesta social solo agravaran los hechos ya relatados y que constan en diversos informes a los cuales hemos aportado”.

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