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Ayudante de Derecho expuso en Encuentro Iberoamericano de Legaltech e Inteligencia Artificial de FIADI

Basilio Torres se refirió a la “Oficina Judicial Virtual” del Poder Judicial de Chile, como ejemplo de herramienta de LegalTech.

El Licenciado en Ciencias Jurídicas y ayudante del Taller de Derecho y Tecnologías y de Derecho Parlamentario de la Escuela de Derecho de la UV, Basilio Torres, participó en el Encuentro Iberoamericano de Legaltech e Inteligencia Artificial, organizado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI).

La actividad virtual estuvo enfocada en las tecnologías disruptivas y en automatización de actuaciones jurídicas de manera excepcional.

En la oportunidad, el egresado de Derecho UV hizo referencia a la “Oficina Judicial Virtual” del Poder Judicial de Chile como ejemplo de herramienta de LegalTech clasificada de apoyo, “debido a que se puede considerar como la aplicación de tecnología para la tramitación de procesos más avanzada hasta el momento en nuestro país, siendo de carácter público y de mayor utilización”.

Al respecto, explicó que “si bien el Poder Judicial desde 2006 comenzó a implementar de forma autónoma un proceso de digitalización de algunos trámites, fue con la aprobación e implementación de la Ley N° 20.886 en 2016 que se inició una revolución digital para la tramitación de los procesos, motivada por este camino que ya había tomado el Poder Judicial”.

“Esta plataforma nos permite presentar demandas, escritos, oficios y peritajes de forma remota mediante la utilización de la Clave Única del Estado, los cuales junto con las distintas resoluciones de los Tribunales quedan disponibles en una carpeta electrónica, que reemplaza al expediente físico, permitiendo que todas las actuaciones del proceso se registren y conserven íntegramente, garantizando la fidelidad, preservación y reproducción de su contenido. Además, logrando una efectiva publicidad de los procesos y actuaciones judiciales, garantizando el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo excepciones establecidas por ley”, detalló.

Añadió además que “se implementó un sistema de firma electrónica simple, que ha permitido, sobre todo en este periodo de pandemia, que las personas no se expongan concurriendo a tribunales para otorgar poder a quienes los representen. A su vez, por ley, se exige la firma electrónica avanzada de resoluciones y sentencias, lo que da mayor certeza y acceder a dicha documentación desde la plataforma, eliminando la necesidad de solicitar copias al Tribunal”.

“Tanto ha sido el avance de la Oficina Judicial Virtual, que ni siquiera para realizar publicaciones en el Diario Oficial es necesario concurrir a sus oficinas, ya que para autorizar la publicación como para enviarla a dicho órgano, basta con subir un archivo y un par de clics. Ello, sumado a las audiencias por video conferencia ha permitido que durante todo este año que hemos debido permanecer encerrados, la tramitación completa se realice de forma remota. Por tanto, podemos concluir que se simplificó la tramitación, con un acceso más igualitario y transparente a la justicia, reduciendo además el consumo de papel y recursos que se pueden implementar en mejorar los mismos sistemas”, puntualizó.

Respecto a los problemas que se pueden observar en los programas de LegalTech, en específico con la plataforma expuesta, explicó que “dicen relación con el tratamiento masivo de datos personales, ya que ocurrió un incidente en que el sistema colapsó producto de la utilización de bots por empresas que buscaban obtener información de personas demandadas y ofrecer sus servicios de ‘defensa’, informando incluso de una demandada con antelación a la notificación legal de la misma. Ello implicó la modificación de la normativa, permitiendo que solamente sean visibles los procesos nuevos con posterioridad a la notificación legal de la demanda y que dicho tratamiento masivo de datos sea sancionado. Sin embargo, la poca robustez del sistema de protección de datos personales chileno no permite asegurar una adecuada protección, pese a la constitucionalización de este derecho en 2018. En este sentido, esperamos que la nueva regulación que se está discutiendo en el Congreso Nacional logre adecuar la actual normativa a un estándar europeo de protección de datos”.

“Otro problema, no tan jurídico y más fáctico, es la accesibilidad a estos sistemas, ya que no todas las personas cuentan con las herramientas o competencias necesarias para hacer uso de estas nuevas tecnologías, por lo que se ven apartadas del avance tecnológico y de la aplicación de justicia, como hemos podido observar durante este año en que la justicia se ha impartido en un ambiente completamente digital”, cerró.

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