Se analizaron derechos de los migrantes en seminario organizado por Derecho UV y la Defensoría Regional

Un análisis profundo y actualizado, desde la mirada de los derechos humanos, hicieron los tres expertos que participaron en el seminario ‘Migrantes y derecho penal’, organizado en conjunto por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y la Defensoría Regional de Valparaíso y que estuvo encabezado por el Defensor Nacional, Andrés Mahnke.

La actividad, se realizó en el Aula Magna “Victorio Pescio” de esta casa de estudios y asistieron la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Inés María Letelier; la seremi de Justicia, Paz Anastasiadis; el Defensor Regional, Claudio Pérez; académicos, abogados de servicios públicos, fiscales, jueces, profesionales de otros ámbitos del quehacer jurídico y social y estudiantes.

El evento se inició con el saludo del decano Alberto Balbontín Retamales, quien planteó que la inmigración representa, entre otras cosas, un considerable desafío en materia de derechos humanos.

“Las personas que llegan al país lo hacen principalmente en busca de un porvenir mejor. Sin embargo Chile, que mantiene un porcentaje todavía muy alto de personas que viven bajo el umbral de la pobreza y una distribución del ingreso interno que deja alrededor de la mitad de la población a merced de rentas precarias y rayanas en la pobreza, debe plantearse seriamente la cuestión de a cuántas personas extranjeras está en condiciones de recibir para ofrecerles un futuro digno”, aseguró.

Luego, el Defensor Regional, Claudio Pérez García, destacó los diez años de vigencia de este seminario y señaló que “es el momento de renovar nuestro compromiso con la fructífera alianza que suscribimos en 2007 con la facultad de derecho. Este convenio es un gran ejemplo del compromiso social y académico que nos une, con el fin de contribuir al necesario debate que hoy la sociedad debe tener acerca de temas tan profundos como el que hoy nos convoca”.

ACCESO A LA JUSTICIA

Por su parte, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, planteó que es fundamental que se garantice a los migrantes el acceso equitativo a la justicia, sin importar su situación en el país.

“La Defensoría Penal Pública ha asumido este compromiso de Estado como un desafío desde 2012, mediante diversas acciones orientadas a tomar conocimiento de la realidad migratoria y asumir, con una mirada diferenciada y con enfoque de  derechos humanos, la defensa penal de las personas extranjeras y migrantes”, explicó.

DESPLAZAMIENTO FORZADO

Ante un público de aproximadamente 200 asistentes, la expositora Delfina Lawson, jefa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se refirió al fenómeno migratorio y los derechos humanos. “Las causas del desplazamiento forzado surgen de conflictos armados, violencia, inseguridad, violaciones a los derechos humanos, discriminación severa, pobreza, cambio climático y desastres naturales”, aclaró.

En cuanto al rol de la Defensoría Penal Pública, Lawson destacó el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. “Es  necesario garantizar el principio de no devolución y resguardar el principio de confidencialidad”, aseguró.

Siguiendo con las presentaciones, el ex jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Sandoval Ducoing, abordó los desafíos de la política migratoria en Chile. “La ausencia de institucionalidad hace que no haya un ente responsable de conocer, administrar, gestionar y controlar el fenómeno, más allá de la regulación administrativa de los permisos de residencia”, explicó.

MIGRACIÓN HAITIANA Y VENEZOLANA

Durante su intervención, Sandoval señaló que “de lo que sabemos, tres de cada cuatro extranjeros en Chile son americanos. Las comunidades más grandes son Perú, Argentina, Bolivia y Colombia. De los flujos más intensivos en el tiempo reciente, y que nos permiten observar el comportamiento y proyectar lo que viene, vemos que la migración peruana viene en franco descenso, que la colombiana se ha estabilizado mucho y que emergen con fuerza la haitiana y venezolana, que tienen patrones, motivos y determinantes muy distintos a las demás”.

Al finalizar, el doctor en derecho José Luis Guzmán Dalbora, académico de la UV, expuso sobre la estructura técnica y los problemas de fondo del delito de tráfico de migrantes en Chile.

En su exposición, explicó que el delito de tráfico de inmigrantes, fue introducido al Código penal hace pocos años atrás, siguiendo la línea de las convenciones de Naciones Unidas sobre la materia.

El profesor criticó especialmente que el inmigrante sea considerado por el Código como objeto del tráfico, en vez de víctima o sujeto pasivo del delito. Con esta concepción, el Estado parece protegerse más bien a sí mismo, en vez de a las personas que entran a Chile clandestinamente. Por lo demás, recordó que la actual ley de extranjería, que data de 1975 y fue dictada por la dictadura militar, continúa sancionando formalmente como delito a las personas que entran ilegalmente a Chile, lo cual no es propio de un Estado liberal ni abierto a la internacionalización.