Analizaron los “juicios paralelos” que realiza la prensa a procesos judiciales en pleno desarrollo

Cómo afectan los juicios paralelos a los debidos procesos jurídicos, fue el tema que se debatió ampliamente en el conversatorio organizado por el departamento de Ciencia General del Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y que tuvo como principal invitada a la académica de la Universidad de Cantabria, España, doctoranda en Derecho Procesal, Cristina San Miguel.

El panel se tituló “Los juicios paralelos en el proceso penal” y participaron además como expositores la ministra de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Sra. Silvana Donoso; el presidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías (ICDT), Raúl Arrieta; y el abogado miembro del ICDT, Carlos Reusser. Actuó como moderadora la profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Dra. Patricia Reyes.

El conversatorio fue iniciado oficialmente por el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UV, profesor Alberto Balbontín, quien en varias ocasiones ha planteado su preocupación por la excesiva exposición, especialmente televisiva, que han tenido en Chile algunos procesos judiciales que se encuentran en pleno desarrollo y que aún no cuentan con sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, lo que a su juicio, implica vulnerar el derecho a la privacidad y dignidad de los procesados. Agregó que estas exposiciones mediáticas tienden a “prejuiciar” a los implicados y a condenarlos socialmente en forma anticipada, independientemente de los resultados finales del juicio.

En tanto, el problema planteado por la experta española Cristina San Miguel, según explicó, es que “el tratamiento informativo de los medios de comunicación sobre los asuntos judiciales, genera una serie de injerencias en el proceso, vulnerando tanto los derechos fundamentales de las partes en conflicto como las garantías procesales”.

Definió juicio paralelo como “todo proceso generado e instrumentado en y por los medios de comunicación erigiéndose en jueces sobre un hecho sub judice y anticipando la culpabilidad del imputado/acusado o desacreditando el proceso con el fin de influir en la decisión del Tribunal tocando su imparcialidad, de modo que cualquier lector/televidente tendría la impresión de que la jurisdicción penal no tendría otro recurso que sentenciar en los términos publicados o publicitados”.

Según su opinión, para evitar los efectos adversos de la publicidad de los procesos judiciales (en especial cuando se está en la etapa inicial de investigación) y reforzar la confianza de los ciudadanos en el sistema de administración de la justicia, “se debe mejorar la calidad de la información suministrada por los medios sobre la realidad judicial: modificando la metodología informativa; reforzando el principio de publicidad y reestructurando funcionalmente los gabinetes de comunicación”.

Además, sostuvo que “es imprescindible conciliar los derechos fundamentales en conflicto, aumentando la efectividad de las garantías procesales; proponiendo una regulación que establezca el perfecto equilibrio entre los derechos de las partes y, los intereses de la justicia, preservando los derechos de los ciudadanos, favoreciendo un proceso garantista y una justicia efectiva”.

MINISTRA DE LA I. CORTE DE APELACIONES

Por su parte, la ministra de la I. Corte de Apelaciones, Silvana Donoso, comentó que “para que se puedan dar juicios paralelos es necesario que haya un buen caldo de cultivo para que esto funcione y hoy, entre la globalización, la tecnología y la rapidez de las comunicaciones, es muy fácil que recibamos información que aparece como veraz con una tranquilidad enorme, cuando nadie sabe muchas veces cuáles son sus fuentes”.

“Una sociedad califica de verdad a cualquier afirmación, por la fuente de cuál viene, o simplemente porque está muchas veces repetida en la red y no puede funcionar así la vida social”, manifestó la ministra.

Agregó que “los jueces, a diferencia de lo que ocurría en el siglo pasado, ya no somos personas ajenas a lo que opina la sociedad, somos más abiertos, más permeables a los círculos sociales, las tecnología nos ha permitido que nos llegue la información completa y en tiempo real, no sólo de lo que ocurre en Chile, sino en todo el planeta”.

En Chile, ante la pregunta si existen juicios paralelos, con consecuencias nefastas que conocemos, la respuesta políticamente correcta es no, por supuesto que no, somos independientes, impermeables, no nos dejamos llevar por la opinión pública….¿pero es verdad esto? El Poder Judicial es uno, no importan las respuestas individuales de los jueces, a la ciudadanía le interesa una respuesta como cuerpo

“Lo que hace falta en Chile, precisó la autoridad judicial, es que debemos entender cuál es el sentido del derecho a la información y cuál el de la libertad de expresión. Hay derechos en conflicto, es cierto, en algunos casos habría que zanjarlo vía jurisdiccional, para ver cuál prevalece. Pero tenemos una ley de protección de datos que no es buena, pues no exime al organismo público de eliminar registros cuando el fin está cumplido o cuando ya está caduco. Este principio en Chile no se cumple ni se respeta y los Tribunales de Justicia también estamos al debe porque tenemos una posición tibia, conservadora, como que en algún momento esos registros nos pudieran servir”.

No se respeta el derecho al olvido en este país; legislación que dice que después de 5 años, el dato que ya perdí oportunidad o ya no es irrelevante, debe ser borrado, esto no se cumple. Necesitamos información veraz y oportuna, no sirve la anterior.

“¿Cómo se ataca la desinformación de los medios de comunicación? Con información. Nosotros podemos ayudar siendo abiertos a la comunidad, pudiéndonos dirigir a la comunidad cuando algo realmente interesa y siempre que no se trate de un caso pendiente. Los jueces tenemos la posibilidad de tener tribuna en los medios y se hace seriamente, cambia la opinión de la ciudadanía. Luchemos por impedir la desinformación en este país”.

ICDT

En tanto, el presidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, abogado y profesor de la Universidad Central y asesor de entidades públicas y privadas, Raúl Arrieta, se refirió al tema “El tratamiento de datos judiciales en los estándares internacionales”.

Comentó que “el fenómeno de la post verdad está establecido y contra el cual hay que luchar. Como vimos en las últimas elecciones de Estados Unidos, el desinformar es un elemento central de la estrategia político comunicacional y eso representa un peligro para el desarrollo de la democracia”.

Agregó que el tema de los juicios paralelos es algo muy complejo, como por ejemplo “cuando uno se encuentra con algunos fiscales que declaran por los medios de comunicación que dado que probablemente no van a lograr condena en un proceso judicial, la manera de hacerlo es socialmente, con las personas implicadas, es socialmente a través de los medios de comunicación. El exceso de información o de desinformación es un peligro”.

El abogado Raúl Arrieta explicó que “frente al ejercicio de un derecho, aparecen otros derechos que se confrontan y se pueden anular uno al otro, cuestión que también es reñida con la institucionalidad. Probablemente el mayor problema que tiene la legislación en esta materia, tiene que ver con liberar las fuentes de acceso público del principio de la finalidad”.

Explicó que actualmente “cualquier dato personal que se encuentra en los registros públicos, lo puede usar cualquiera y se puede hacer cualquier cosa con ese dato y eso sin duda representa una distorsión en lo que respecta a los estándares internacionales en materia de tratamiento de datos personales y más grave que eso, porque por último nuestra ley es del año 1999 ty podría estar obsoleta, es que hoy nos encontramos en el congreso tramitando dos proyectos de ley de protección de datos y a ambos nuevamente se les olvidó incluir el principio de finalidad y por ello, seguiremos perpetuando el drama que ocurre ahora raíz de eso”.

El estándar internacional, precisó, “son las denominadas Reglas de Heredia, que son recomendaciones respecto a la forma en la cual los tribunales de justicia y las personas que utilizan información proveniente de fallos judiciales, pueden y deben utilizar la información”.

Acotó que a su juicio, esta ley de protección de datos, debería aplicarse a la ley de prensa y a la actividad periodística en general.

Por su parte, el abogado, Magíster en Derecho e Informática, Carlos Reusser, se explayó sobre el derecho al olvido de las actuaciones e informaciones judiciales.

Señaló que la actividad periodística y la investigación de los medios de comunicación son muy relevantes, pero que hay que tener en cuenta que se sufrió un gran cambio en la manera de difusión de la información, pues ahora todo se ha digitalizado, lo que dificulta la “caducidad” de las cosas que han sucedido en un pasado remoto y razonable.

Gracias al auge de las tecnologías, precisó, “se ha hecho disponible la información para todo el mundo, pero el problema que se genera ahí es que los medios de prensa sufrieron una radical conversión y pasaron de ser un vehículo de transmisión de información de utilidad para la comunidad e intercambio de noticias e ideas, a una grave amenaza a la paz social”.

El experto agregó que “como personas, con nuestras naturales limitaciones, tendemos a olvidar: nuestro entramado de relaciones sociales está basado en ese principio; incluso ese mandato de olvido es por mandato legal, (la amnistía, la caducidad, etc). Todo en su momento tiene que tener su fin, eso es porque necesitamos sobrevivir, no podemos estar atados a cosas que pasaron o que nos hicieron sufrir en el pasado”.

Carlos Reusser aseveró que “el problema es que la prensa rompe esta lógica y los diarios y periódicos se convierten en enemigos de la paz social; actúan bajo la lógica de ni perdón ni olvido; porque reviven aquellas imágenes, comentarios, recuerdos, antiguos hechos que ya no quedaban ni rastros en la memoria y vuelven al presente como si todo hubiera pasado ayer”.

Es decir, recalcó, “en noticias del ámbito criminal, donde absolvieron o condenaron a alguien, son relevantes en la vida de una persona aun cuando hayan transcurrido 30 años, porque según internet eso ocurrió ayer y eres responsable hasta el fin de tus días. El tema de fondo, ¿hasta dónde llega la libertad de información?”.

Acotó que “debe prevalecer el derecho a reinserción social de las personas y de sus respectivas familias” y precisó que “la mantención de base de datos personales por internet “no es actividad periodística, eso es una gestión de archivo y se debe distinguir”.

Al final de la actividad, se generó un amplio debate entre los panelistas y los asistentes.